Debate sobre las situación del CGPJ en el CES Cardenal Cisneros

Tres magistrados y un vocal del CGPJ analizan las consecuencias prácticas de la imposibilidad de realizar nombramientos por parte del Consejo General del Poder Judicial

La reforma de marzo de 2021 que impide realizar nombramientos discrecionales al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) puede tener dos efectos directos, además de los retrasos inherentes por la imposibilidad de cubrir las 70 vacantes existentes en tribunales: Que por primera vez un tribunal se quede sin ninguno de sus integrantes; y que algunos presos pudieran ser excarcelados porque no dé tiempo a resolver los recursos antes de que venza el periodo máximo de prisión provisional. Estas han sido algunas de las consideraciones que se han realizado por parte de los ponentes que han intervenido en la mesa redonda sobre las consecuencias de la citada reforma legal, celebrada hoy en el CES Cardenal Cisneros y que ha estado moderada por el director de Confilegal Carlos Berbell.

En el acto han intervenido Celsa Pico Lorenzo, magistrada de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo; José Antonio Ballestero, vocal del CGPJ; Luis Ortiz Virgil, magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Asturias; y Roberto García Ceniceros, magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona

El vocal del CGPJ José Antonio Ballestero ha advertido de que este mismo mes “el Tribunal Militar Central se quedará sin ningún miembro, un tribunal que se queda desierto porque se jubila el último y habrá que proveer”. “Esto lo pongo como ejemplo máximo de esta situación”, ha aseverado. Junto a ello ha alertado de “la tentación” de los partidos políticos de “intentar manejar el Consejo” por lo que es necesario cambiar el sistema de elección de vocales judiciales para que sea por elección directa. “El camino que debemos seguir para la renovación no es el que está en la ley vigente, que ha dado pie a este colapso, sino que necesitamos leyes de mayor calidad”. De hecho, ha mantenido que con la citada reforma “se amputa una de las funciones que reconoce al CGPJ para preservar la independencia judicial”.

Al final el perjudicado es el ciudadano, ha apuntado Ballestero. “La justicia está para proteger a los más débiles fundamentalmente con lo que las políticas que inciden en que los órganos judiciales puedan llegar al colapso no son progresistas sino regresivas”.

Por su parte, la magistrada del Tribunal Supremo Celsa Pico ha llamado la atención sobre el hecho de que la imposibilidad de hacer nombramientos por parte del CGPJ “puede facilitar la corrupción” toda vez que hay menos magistrados para poder investigar estos asuntos, lo que puede provocar que se retrasen los tiempos de resolución de cuestiones relacionadas por ejemplo con contratos públicos.

Asimismo, el magistrado de la Sección Penal de la Audiencia Provincial de Asturias Luis Ortiz ha afirmado que “lo que está pasando con la no realización de nombramientos de la élite judicial madrileña (en referencia a las 18 vacantes del Tribunal Supremo) es algo que tiene enormes consecuencias para el normal funcionamiento de todos los órganos judiciales del país. Y esto al final repercute en que los ciudadanos reciban una justicia de más o menos calidad”.

Ortiz ha señalado que “cada vez hay más asuntos y las manos son menos” e incluso ha advertido que “se podría llegar a tener que excarcelar a presos porque no dé tiempo a resolver sus asuntos” en el plazo máximo en el que pueden permanecer en prisión provisional sin que el Tribunal Supremo haya tenido tiempo de resolver los recursos contra esas sentencias condenatorias.

Por otro lado, Roberto García Ceniceros ha alertado de que “estamos en un sistema en el que el órgano que garantiza el Poder Judicial está siendo invadido por otros poderes“.

El magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 30 de Barcelona ha indicado que “esta situación de mandatos caducados provoca una limitación de los derechos de la ciudadanía, porque lo que sale perjudicado es el servicio público”. En este punto, ha coincidido con Ballestero en que “la solución es reformar el sistema de elección de vocales del CGPJ”.